El fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, convocó a la ciudadanía de Tepic, gobernada por Geraldine Ponce, de Morena, para que denuncien ante la representación social a su cargo cualquier acción que consideren que pudiera estar fuera del marco legal, pues aseguró que “no basta con hacerlo público en las redes sociales”, en referencia al comportamiento de los elementos de la policía municipal de esa capital estatal que cumplen la supuesta orden superior de detener ciudadanos “por tarifa diaria” para ganar “un bono de productividad”.
El llamado oficial lo hizo el funcionario estatal luego de reiteradas de insólitas denuncias policiales difundidas en internet, principalmente en el sitio web de la ex policía de Ciudad de Tepic Fabiola Ochoa, quien fue acusada y ordenada tiempo atrás por el capitán Javier Casillas Contreras.
Dijo que si tienen las evidencias o los datos de prueba suficientes, “podemos recibir la denuncia correspondiente para hacer la debida investigación”, y explicó que un policía municipal, como todos los agentes del orden, deben estar dentro del marco de la ley; “si no, amén de que caigan en un abuso de autoridad o un uso indebido de atribuciones, que por el solo hecho que el policía ejerza y violente esas acciones penales, se tiene como un delito de naturaleza agravada en su comisión”.
Reiteró que ante cualquier abuso de funcionarios y uniformados “podemos nosotros ampliamente conocer e iniciar los procedimientos”, y detalló los ejemplos de acciones legales realizadas anteriormente contra ex directores de seguridad de los municipios de Tecuala, Tepic y Compostela, a quienes, puntualizó, se les investigó de tal manera que uno de ellos y otros elementos de un turno actualmente están en prisiones federales por el delito de desaparición forzada de personas.
Apuntó, sin dar mayores datos por el sigilo que requiere la propia indagatoria, que ya se siguen varias carpetas de investigación sobre el tema, iniciadas precisamente por el seguimiento a las publicaciones en redes sociales y que les obliga como autoridad ministerial a proceder en consecuencia para evitar caer en omisión.
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