El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, ha vuelto a exigir una disculpa al exdirector de imagen del gobierno, Javier Figueroa, por cambiar los colores de la bandera; pero pidió darle otra oportunidad al joven, aunque fuera en otro lugar, y evitar el linchamiento en su contra.
“El joven que desafortunadamente cometió esto, renunció el día de ayer. Yo no quiero de ninguna manera trastocar su vida y su futuro, es un hombre joven; tuvo un error sí, el error yo lo asumo como gobernador, pero no quisiera ir más allá, ensañarme con una persona, con nadie en lo general y con un joven tampoco”, respondió el mandatario respecto a la aplicación de sanciones.
Cabe resaltar que los Artículos 191 y 192 del Código Penal Federal advierte sobre meses años de prisión y multas económicas a quienes ultrajen o modifiquen los símbolos patrios.
Navarro Quintero resaltó qué quisiera le pudiesen dar una oportunidad al exdirector de Imagen Gubernamental, aunque fuera en otro sitio; pero no aclaró si se refería a seguir trabajando dentro del gobierno estatal.
“Platiqué con el joven, puso su renuncia (…), es un hombre talentoso; si fuera mi hijo yo querría que le dieran otra oportunidad, si no en el mismo lugar, en otro lugar. Si a él se le ha de golpear, prefiero que me golpeen a mí.”, expuso el mandatario.
Finalmente justificó que el exfuncionario hubiese realizado esta acción debido a las múltiples actividades de su cargo, por las que no logró concentrarse y realizó este cambio, si afán de agraviar.
“Es un joven que se debe de cuidar y que se le debe de hacer reflexionar en el entendiendo de que en ocasiones no es que haya querido agraviar, si no es que uno no se concentra en las múltiples actividades que hay, y qué sucedió esa situación; pero espero que la sociedad y el país, y el estado lo acepte (las disculpas)”, indicó.
Trascendió que Javier Figueroa había sido señalado ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción -folio SESLAN/D/010/22- y ante la Secretaría de Honestidad y Buena Gobernanza del estado, antes Contraloría General, por cobrar moches a trabajadores para pagar el salario de otra funcionaria pública, que se ha conocido por información de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que está activa en distintas dependencias estatales y una federal.
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