“Tú no sabes lo que sentí cuando me dijo el policía que estaba en el último filtro: ‘¿Quién le da su libertad?’, ‘el Tribunal Sexto Unitario’… ‘¿Cómo se va, señora?’, y le digo, ‘absuelta’, y me contesta: “Es libre, señora. Puede salir”.
Le abrieron la puerta de Santa Martha Acatitla y Claudia no caminaba, se quedó pasmada unos segundos. ¿Por qué no caminabas?, le pregunté; “porque me daba como miedo, tal vez…”.
Claudia Ivonne Sánchez Mayorga no sólo recuperó su libertad tras estar injustamente encarcelada nueve años dos meses en los penales federales de Tepic, Nayarit, el de Morelos y luego en Santa Martha, y justo estando ahí afuera, el 4 de noviembre de 2022 a las 5:18 pm, escuchó a Miguel Ortega decir que el cateo a su casa que sufrió hace nueve años dos meses, mientras se bañaba y tenía cinco meses de embarazo -inhale y exhale- fue sumamente ilegal y que, cuando fue sentenciada, no fue juzgada con perspectiva de género. “Que quede muy claro, Claudia no es penalmente responsable. En pocas palabras, Claudia nunca tuvo que estar en prisión”.
Acto seguido le pregunté a Miguel, director de Prestación de Servicio de Defensa Penal del Instituto de la Defensoría, ¿hay manera de resarcirle el daño?, aunque nadie le regresará los nueve años, ni el sufrimiento de su hija… “Esto no se queda aquí, el Instituto de Defensoría Pública seguirá con Claudia y apoyará en todo”.
Claudia era una empleada más en el administrativo. Claudia jamás fue la representante, la administradora o la dueña. “¿Por qué a mí? ¿Y los dueños?”, me decía. Claudia, no te metas en eso, la trata es el segundo delito que más dinero recauda después del narco. ¿Y si te mandan matar? “Ya estoy muerta en vida. Estar aquí y tras perder todo, la matriz, a mi hija, mi futuro, estoy muerta en vida”.
Tras escuchar esto, qué pensará la jueza Karla Montes Ortega, quien después de siete años la sentenció, a pesar de ser inocente. ¿Podrá dormir? ¿Con qué cara y calidad moral seguirá impartiendo justicia?, pues es obvio que nunca leyó el expediente de Claudia.
O la directora del penal de Tepic, María Teresa López Aboites, quien, porque Claudia no aceptó dejarse sacar sangre con la misma jeringa que a los demás reclusos, sin piedad y sin la menor ética, la mandó con siete meses de embarazo al hoyo, donde siempre estuvo sola y le daban de comer en bolsas de plástico y ahí se quedó hasta que nació su hija, el 12 de diciembre. Tuvo a su bebé esposada de manos y pies, casi se les muere por lo débil que llegó y sin su consentimiento le quitaron la matriz.
O la “secretaria en funciones de juez” Lorena Marisol Aranda Millán, quien tampoco hizo honor a su investidura. Otra jueza que le quedó a deber fue Luz María Ortega Tlapa.
O Claudia Morales Larre, la agente del MP que la detuvo en su casa.
Una vergüenza no sólo por ser mujeres, sino por no honrar su profesión.
Al salir, Claudia, obvio, se fue a ver a su hija; en el camino le habló:
-Princesa, ¿te gustaría que te diera un abrazo?
-Sí, sí me gustaría.
-¿Y por qué te gustaría que te diera un abrazo, amor?
-Pues porque te quiero, mamá.
-Bueno, voy para allá…
“Echó unos gritos… ¿y qué te puedo decir? ¡Se puso a llorar!
-¡Mamá, no, por favor! ¿Es en serio? ¡Dime que ya saliste!
-Sí, princesa. Voy para allá. ¡Voy para allá, para darte un abrazo fuerte, fuerte, fuerte!
“Cuando llegué, estaba abajo… y pues qué te digo: le di el abrazo…”.
Déjenme decirles que, en ese momento que me lo contaba, Claudia se quebró y comenzó a llorar de emoción y tristeza por todo lo que viene, pero también por lo que injustamente les quitaron.
“Yo estaba siempre con mi bufete legal -se ríe- ahí sentada en el piso, colgada en el teléfono de la cárcel, con todos mis papeles, hablando para tratar de solucionar cosas, con una persona y con otra, y con otra y con otra, y etcétera…”.
“Y cuando una de ellas me preguntaba algo, pues yo le ayudaba a hacer algún escrito o algo así. Entonces, ¿sabes cuántas fueron a mi estancia a despedirse de mí?”.
“Todas, y me decían, “es que, Claudia, ¡si pudiste tú, entonces podemos irnos también nosotras!”. O sea, de una manera que te prometo que no me la creía. Y yo les decía, “métanse a sus expedientes. ¡Léanlos! Exíjanle a los abogados, porque es su trabajo”. Fue muy emotivo”.
Esta historia llegó a buen término gracias a que Claudia nunca dejó de alzar la voz y se puso a estudiar. A que el magistrado Samuel Salamanca, desde octubre de 2018, resolvió que le tenían que reponer el procedimiento del cateo, porque no tuvo una defensa adecuada y porque la jueza del Juzgado Sexto, Karla Montes Ortega, no observó la detención ilegal.
Y porque para 2021 había ganado un amparo para que le cambiaran la medida cautelar.
Porque fue a contarle su historia a Rosario Robles.
Además, por la sensibilidad de Arturo Zaldívar, quien la escuchó cuando estuvo en Santa Martha, pues Carlos Alpízar, del CJF, le dio la palabra. Esta visita al reclusorio sucedió por Rosario, ¡eh!, no por la Sheinbaum, como ella asegura.
Días después de esa visita y de tener la plena ilusión de que iba a salir, el martes 31 de mayo 2021, en la madrugada, 12:00 am, le avisaron a Claudia Sánchez Mayorga que sería sentenciada a 22 años y seis meses de cárcel por el delito de beneficio a la explotación sexual ajena, sin una prueba; léase, siendo inocente.
Llegó a pensar en matarse. ¿Cómo lo harías?, le pregunté, y viéndome a los ojos, sentadas en el piso de la cancha de básquet de Santa Martha, me dijo: “No pienso colgarme, porque qué tal que me salvan antes y quedo mentalmente afectada. Aquí hay muchas pastillas. Así lo haría”. Le agarré la mano y le dije que tuviera confianza en Zaldívar y Alpízar.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, en Twitter, se había comprometido a que la Defensoría Pública la defendería, y sucedió. Sin duda, ambos, Zaldívar y Alpízar, honraron su palabra y aquí está el resultado. La abogada Leticia Hernández la defendió y nos demostró que, cuando uno quiere, puede; que sí hay buenos y comprometidos abogados, así como el magistrado Luis Pérez de la Fuente.
Aún falta que le resuelvan:
La Fiscalía de Asuntos Internos: lo del protocolo de Estambul, por toda la tortura que sufrió desde su cateo el 5 septiembre 2013, así como la queja ante Conapred, por discriminación hacia ella y a su hija por no darles la atención médica adecuada.
Claudia Sánchez Mayorga no es penalmente responsable. Que le tienen que regresar sus derechos políticos y civiles. Que hay que borrar el expediente. Al ser absuelta, no debe quedar récord alguno. Sus antecedentes no penales están limpios.
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