En el Centro Federal de Readaptación Social No. 4, de Nayarit, hubo 18 bodas comunitarias y tres reconocimientos de menores, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que a través de un comunicado, explicó que en todo el país se realizaron actos similares en las penitenciarías federales.
De acuerdo a la información, este tipo de eventos se realizan con el objetivo de fortalecer los vínculos familiares y regularizar la situación legal de los internos.
“En la víspera de Semana Santa, se realizaron 101 matrimonios civiles y cuatro bautizos en cuatro centros federales de readaptación socia” dice el comunicado,
Se realizaron 7 matrimonios civiles en el Centro Federal de Readaptación Social No. 13 de Oaxaca, entre ellos, los dos primeros de personas del mismo sexo.
En el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 11 de Sonora, 52 parejas formalizaron su situación jurídica con sus actuales esposas, que viven en el exterior del penal, mientras que en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4, de Nayarit, hubo 18 bodas comunitarias y tres reconocimientos de menores.
Mientras que en el CEFERESO No. 14 de Durango fueron 24 las bodas registradas.
Tras entregar sus actas matrimoniales y recibir felicitaciones de las autoridades presentes en la ceremonia, los recién casados tuvieron un tiempo de convivencia con sus familiares.
Por otro lado, en el CEFERESO No. 16 “Femenil Morelos”, se realizó por primera vez el bautizo de cuatro hijos de mujeres privadas de la libertad.
Tres de los infantes que recibieron el sacramento (dos niñas y un niño) viven en el penal con sus madres, en un dormitorio apartado de la población general, mientras que el otro menor fue llevado por sus parientes.
Las madres estuvieron acompañadas por su familia y los padrinos de los pequeños, quienes festejaron el evento con una comida organizada por la institución, que consistió en arroz, mole y pastel.
El OADPRS considera que los matrimonios y los bautizos influyen de manera positiva en el proceso de reinserción social.
La legislación establece que las mujeres privadas de la libertad tienen el derecho de permanecer con sus hijos menores de tres años en el centro penitenciario, concluye el comunicado.
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