Las desapariciones de personas presuntamente cometidas por particulares se han convertido en uno de los principales temas de preocupación para la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Detrás de cada caso existen familias que pueden pasar meses o incluso años buscando a sus seres queridos, realizando trámites y solicitando información sin conocer su paradero.
Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente del organismo estatal, señaló que las consecuencias de una desaparición no se limitan a la ausencia de la víctima, pues madres, padres, hijos y hermanos enfrentan una incertidumbre prolongada mientras esperan avances en las investigaciones y acciones de búsqueda.
Explicó que las familias pueden presentar quejas ante Derechos Humanos cuando consideran que alguna autoridad incurrió en omisiones, retrasó diligencias o no proporcionó el acompañamiento necesario. Entre las instituciones señaladas pueden encontrarse la Fiscalía, las corporaciones policiales, la Comisión Estatal de Búsqueda y las dependencias encargadas de atender a las víctimas.
Una vez recibida la queja, la Comisión solicita informes a las autoridades involucradas y analiza sus respuestas frente a los señalamientos de los familiares, con el objetivo de determinar si pudieron existir vulneraciones a los derechos humanos durante los procesos de búsqueda e investigación.
Prieto Godoy indicó que el organismo todavía mantiene expedientes vinculados con desapariciones forzadas ocurridas principalmente entre 2012 y 2017; sin embargo, afirmó que actualmente estos casos presentan una menor incidencia, por lo que la atención se concentra en las desapariciones atribuidas a particulares.
La distinción entre ambos delitos radica en la posible participación de agentes del Estado: en la desaparición forzada existe intervención directa o indirecta de servidores públicos, mientras que en la cometida por particulares la responsabilidad recaería en personas ajenas a las instituciones gubernamentales. En cualquiera de los casos, las autoridades mantienen la obligación de investigar y realizar las acciones necesarias para localizar a las personas desaparecidas.
Las labores de búsqueda también pueden complicarse cuando las pistas apuntan a otros estados del país. Esta situación requiere coordinación entre instituciones de distintas entidades y puede prolongar los procedimientos, mientras las familias deben dar seguimiento constante a las investigaciones y solicitar actualizaciones sobre sus casos.
El titular de Derechos Humanos destacó el papel de madres, padres y demás familiares que mantienen activas las búsquedas y exigen que los expedientes no queden sin seguimiento. Además de investigar quiénes podrían ser responsables de las desapariciones, señaló la importancia de revisar que las instituciones cumplan con sus obligaciones y mantengan informadas a las víctimas indirectas sobre los avances.
