El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero reconoció a las y los defensores de oficio de Nayarit por la labor que día a día realizan a favor de quienes no pueden costear un defensor particular, así como por el empeño que muestran en su trabajo, lo cual hoy les ha valido ser acreedores a un incremento en sus percepciones salariales.
“Los defensores de oficio son los garantes de la justicia para aquellas personas que, siendo acusadas, no poseen los recursos para contratar un asesor legal. Para darles las mejores condiciones de trabajo, hemos acordado hacer un aumento en las percepciones de las y los abogados del Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica del Estado de Nayarit, a fin de homologarlas con los jueces, los oficiales del ministerio público y otros funcionarios que también son garantes del Estado de derecho. Con este aumento, garantizaremos que la defensoría pública y asesoría que más de 12,000 nayaritas solicitan cada año sea de la más alta calidad, y brindada por servidores públicos motivados y con vocación de servicio”.
Un defensor público o de oficio, es un profesional del derecho que recibe del gobierno federal o estatal su salario para representar y defender jurídicamente sin costo alguno al imputado durante todo el proceso penal. Usualmente, quienes acceden a este tipo de defensa, no cuentan con los recursos económicos para contratar a un abogado particular.
El término defensor de oficio ha sido sustituido por el de defensor público, esto a raíz de la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio. Un defensor público, mujer u hombre, debe ser licenciado en derecho con una cédula profesional para ejercer la profesión.
El Estado tiene la obligación constitucional de proveer de un defensor público a cualquier persona que se encuentre imputado en un proceso penal. Ninguna persona puede estar sujeto a un proceso sin un representante y defensor legal, sea público o privado.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 17 señala lo siguiente: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.
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