La independencia judicial, división de poderes y protección a los derechos humanos son el principal motivo que lleva a jueces, magistrados y trabajadores a manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Paulina Cisneros Vargas, jueza cuarta de distrito, señaló que esta reforma legislativa es un intento de concentración de poder y un golpe mortal a la democracia.
“La historia nos ha enseñado que cuando el poder se concreta en manos de unos pocos, la justicia se convierte en un instrumento de opresión y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes ostentan el poder.
“Esta reforma, bajo el velo de una supuesta modernización del Poder Judicial Federal, busca centralizar el poder, pone en riesgo el bienestar de nuestra sociedad”.
Mencionó que sin la independencia el Poder Judicial se convertirá en un brazo del Poder Ejecutivo, encaminándose a una crisis constitucional, por lo cual han decidido la suspensión de labores jurisdiccionales de manera indefinida en todo el país.
“Hemos decidido, junto a cientos de personas juzgadoras comprometidas con la justicia, la suspensión de labores jurisdiccionales de manera indefinida en todo el país, a partir del 21 de agosto, como un acto legítimo de resistencia contra esta reforma y hasta que esta sea desechada para dar paso a una reforma integral del sistema de justicia, a la que sin duda nos sumaríamos”.
En Nayarit, 24 jueces federales se suman a este paro. Sin embargo, el Poder Judicial Federal no dejará de trabajar, atendiendo solo asuntos urgentes, entre ellos desapariciones forzadas o delitos que pongan en peligro la vida, familiares y solicitud de casos médicos.
