El Congreso de Nayarit aprobó una nueva Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con la finalidad de ampliar las opciones para que la población pueda resolver determinados conflictos legales sin recurrir necesariamente a un juicio tradicional. La legislación busca impulsar el diálogo, la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa como herramientas para alcanzar acuerdos pacíficos.
La aprobación se llevó a cabo durante una Sesión Pública Ordinaria. El nuevo ordenamiento está conformado por 153 artículos y 12 disposiciones transitorias, distribuidos en 13 capítulos que establecen las bases para facilitar acuerdos entre las personas involucradas en una controversia.
Entre sus principales disposiciones se encuentran las funciones de las autoridades y de los centros de justicia alternativa, así como los requisitos que deberán cumplir las personas facilitadoras y los procesos para obtener su certificación. También se contemplan los derechos y obligaciones de quienes participen en estos procedimientos.
La ley establece que los mecanismos podrán desarrollarse de manera presencial o en línea, con el propósito de ofrecer distintas vías para atender las diferencias legales. Asimismo, incorpora disposiciones para supervisar su funcionamiento y determinar responsabilidades y sanciones cuando corresponda.
La iniciativa fue presentada por integrantes de la fracción parlamentaria de Morena y tiene como objetivo ampliar el acceso a la justicia para las y los habitantes de Nayarit, bajo los principios de prontitud y eficacia. La propuesta también busca fomentar una cultura de paz mediante soluciones construidas con la participación de las partes involucradas.
Con esta aprobación, Nayarit se suma a otras entidades del país que cuentan con legislación reciente en materia de mecanismos alternativos, entre ellas Puebla, Hidalgo, Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Tlaxcala y Yucatán.
La aplicación de estos procedimientos permitirá que ciertos conflictos puedan atenderse a través de acuerdos voluntarios y con el acompañamiento de personas facilitadoras, como una alternativa para evitar que todas las controversias lleguen ante los tribunales.
