Autoridades de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y del Congreso estatal comenzaron a trabajar en posibles mecanismos financieros y jurídicos para compensar los recursos que la institución dejará de recibir tras la eliminación del impuesto adicional del 15 por ciento que se cobraba en los municipios.
La rectora de la universidad, Norma Liliana Galván Meza, sostuvo reuniones con el presidente del Congreso local, Salvador Castañeda Rangel, y legisladores para analizar opciones que permitan mantener el respaldo económico a la máxima casa de estudios.
La medida se originó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional el gravamen que se aplicaba sobre determinados impuestos, derechos y productos municipales, cuya recaudación era entregada al Patronato de la UAN.
De acuerdo con las estimaciones de la rectoría, la desaparición de este mecanismo podría representar una reducción de entre 150 y 180 millones de pesos anuales para la institución, recursos que contribuían al financiamiento de infraestructura y proyectos universitarios.
Para encontrar una solución, se contempla la participación de especialistas en materia fiscal, jurídica y legislativa, quienes deberán determinar qué alternativas pueden implementarse sin contravenir la resolución de la Corte.
Las autoridades universitarias y legislativas señalaron que el objetivo es construir una propuesta que permita mantener los recursos destinados a la educación superior y evitar afectaciones a las actividades académicas de la institución.
